El acceso a las armas, “el bien vs. el mal” y las trayectorias de vida que se desvían

El estupor causado por la masacre escolar de Carmen de Patagones, en 2004, fue el combustible de dos iniciativas que tuvieron su origen en organizaciones civiles y el posterior respaldo en el Estad...

El estupor causado por la masacre escolar de Carmen de Patagones, en 2004, fue el combustible de dos iniciativas que tuvieron su origen en organizaciones civiles y el posterior respaldo en el Estado: el programa de entrega voluntaria de armas de fuego –que en casi dos décadas logró sacar de circulación unas 200.000 armas y fue una política galardonada por la ONU– y la creación de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac), que reemplazó al antiguo Renar para superar el paradigma estrictamente registral e integrar, en un solo organismo, mayores capacidades de articulación interagencial para la prevención de la violencia armada.

Pero lo que en su hora fue un ejemplo de política pública –el programa de desarme fue sostenido a través de distintas presidencias y la ley que creó la Anmac se aprobó con los votos de diversos partidos– hoy es agua pasada. A partir del 10 de diciembre de 2023, el Gobierno que encabeza Javier Milei fue desarmando una por una aquellas conquistas en un plan que formalmente ha sido presentado como “modernizador”, pero que, en los hechos, ha tenido un efecto flexibilizador.

Hoy, en rigor, es más fácil tener un arma de fuego: bajó de 21 a 18 años la edad mínima para acceder a un permiso, se ampliaron las categorías de armas a las que se puede acceder (incluidos, ahora, los fusiles semiautomáticos como los AR-15, presentes en prácticamente todas las masacres escolares en los Estados Unidos), se derogó la Anmac y, con ello, se volvió al modelo histórico registral con la reposición del Renar.

Desde lo discursivo, el Gobierno ha justificado sus pasos flexibilizadores en la materia con argumentos relativos a los derechos personales –la libertad de tener un arma si no se tienen impedimentos legales– que traían adosada una muletilla: se debe evitar que los delincuentes tengan armas, pero no se debe impedir que las “personas de bien” puedan acceder a ellas.

Lo primero es una verdad de Perogrullo: a los delincuentes hay que perseguirlos, quitarles las armas y encarcelarlos. Lo segundo abre juego a múltiples matices: quienes están en condiciones psicofísicas, carecen de antecedentes y poseen medios lícitos de vida pueden tener un arma y darle cualquiera de los usos legales permitidos.

Pero dado el impacto en la seguridad pública que tiene la existencia de armas al alcance de un grupo de personas que coexisten con un número mayúsculo de conciudadanos, es de esperar que el Estado y sus agencias específicas se ocupen de controlar de qué forma se tienen esas armas. Eso incluye, por caso, evitar que las armas caigan en manos equivocadas: en las del crimen –por robos, cesiones o simples desvíos, algo bastante habitual en los arsenales oficiales– o en las del entorno más cercano, como, por ejemplo, los hijos.

Ese fue el caso de “Juniors” en Carmen de Patagones hace casi 22 años, y lo fue, ayer, en San Cristóbal: adolescentes con problemas emocionales o de salud mental que no fueron detectados o fueron desatendidos, y que encontraron, con un arma de su casa en la mano, el medio para resolver sus conflictos personales o interpersonales.

El de los niños y adolescentes en relación con las armas es un problema serio, de atención prioritaria. No solo por la posibilidad de la multiplicación de episodios de riesgo (el síndrome de la repetición o “efecto copycat”) en el corto plazo, sino por algo que se vislumbra desde hace tiempo: el efecto de las imágenes y los discursos de violencia que los chicos internalizan a través de las redes sociales o de los videojuegos.

El psiquiatra forense Andrés Mega, ya retirado del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero activo en la consulta privada y en la prédica pública, escribió para LA NACION que se debe trabajar en la prevención y en la posprevención de estos eventos, y que para eso se debe poner a la propia escuela en el centro de la escena, porque hoy las familias están desbordadas y no son suficientemente capaces de dar contención a sus hijos menores de edad.

Ningún chico nace malo: lo que serán en su vida es una sumatoria logarítmica de factores, y aquellos que pudieran provocar un desvío de sus trayectorias hacia situaciones desgraciadas y fuesen factibles de corrección deben ser identificados rápidamente y abordados con la misma premura.

Mega plantea que a los chicos, desde los primeros ciclos educativos, se les debe impartir enseñanza sobre el manejo de la violencia y la educación vial; sostiene que ambas son “productoras de innumerables muertes y secuelas psicofísicas en la población”.

Las crónicas cotidianas muestran cómo la violencia se cuela en las relaciones interpersonales y borra de un plumazo, y en un instante, la línea que separa el bien del mal. En esas grietas puede asomarse el monstruo que anida en cualquier “persona de bien”, ese que subyace y contenemos bajo el peso de las normas sociales de convivencia.

Una mala maniobra, un grito destemplado y, ¡zas!, un puño se aprieta y lanza un golpe de consecuencias impredecibles, aunque nunca buenas. O aparece un cuchillo o un arma de fuego a la mano en medio de una refriega y, en un tris, una vida se apaga y otras quedan destrozadas para siempre.

La vida en sociedad requiere de apegarse a normas de conducta; requiere, en ocasiones, resignarse a que “no se puede todo”. Admitir que una instancia superestructural (los poderes del Estado) dicte normas que especifiquen las fronteras de las acciones posibles y ejerza criteriosamente los controles que están a su alcance.

En materia de armas, justamente, es necesario mucho más que tener un registro de quiénes poseen armas en sus casas para usarlas como aficionados, para atesorarlas como coleccionistas, para tenerlas para proveerse seguridad personal o para una combinación de todas. En tiempos en que los discursos de violencia y de “terminar con el otro” arrecian, en esta cuestión el Estado debe controlar y generar conciencia de los riesgos de la proliferación de armas.