La cara de la impunidad

Los recientes avances del Departamento de Justicia de los Estados Unidos en la investigación sobre el presunto desvío y lavado de decenas de millones de dólares de la Asociación del Fútbol Arg...

Los recientes avances del Departamento de Justicia de los Estados Unidos en la investigación sobre el presunto desvío y lavado de decenas de millones de dólares de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en el exterior no han hecho más que dejar en evidencia la parálisis que, en simultáneo, caracteriza la investigación judicial sobre esas oscuras operaciones en la Argentina, sospechosamente atrapada en una suerte de laberinto en el que se dirime qué juzgado debe hacerse cargo de la causa.

En los últimos días, incluso antes de que terminara la Copa del Mundo, se conocieron medidas y citaciones de tres fiscales de los distritos de Washington DC y el Estado de Florida, destinadas a obtener información acerca de los giros y transacciones bancarias correspondientes a TourProdEnter LLC, empresa perteneciente a Javier Faroni y Érica Gilette y agente intermediario de los contratos de la AFA en el exterior. Lo que se proponen los fiscales estadounidenses es dilucidar si operaciones entre TourProdEnter y los bancos Citibank, JP Morgan, Bank of America, Synovus y PNC constituyeron múltiples delitos financieros.

Según trascendió la semana pasada, entre esas medidas, dispuestas por los fiscales Michael Berger, litigante senior en la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Florida, y Patrick Gushue y Christopher Ting, de Washington DC, está la citación a varios testigos de esos negocios, quienes deberán comparecer ante un gran jurado integrado por hasta 23 miembros y están obligados a decir la verdad.

Las sospechas residen no solo en las demoras de la Justicia, sino en los conocidos vínculos entre la AFA y diversos sectores y personajes de la vida pública. Entre ellos, jueces, fiscales, camaristas y hasta el propio ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques

Estas iniciativas contrastan con el escaso interés de los tribunales argentinos por impulsar las investigaciones que se centran en las transacciones de la AFA en la Argentina desde hace al menos diez meses, pesquisas que fueron publicadas por LA NACION y entre las que sobresale el presunto desvío de al menos 57 millones de dólares a sociedades fantasma y el descubrimiento de la fastuosa casa de Villa Rosa, ya famosa en el mundo judicial, atribuida en los papeles a un monotributista y su madre jubilada, y donde varios allanamientos permitieron detectar desde colecciones de autos de lujo hasta caballos.

¿Quiénes son los presuntos testaferros que figuran como dueños de ese predio, ambos cercanos a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, y de dónde obtuvieron semejantes recursos para adquirir la propiedad? ¿Tuvo que ver el acceso que desde la entidad de la calle Viamonte tuvieron al dólar oficial en los peores meses del cepo cambiario, durante la presidencia de Alberto Fernández y la gestión de Sergio Massa como ministro de Economía? ¿Fueron las operaciones desde el exterior liquidadas oportunamente al cambio oficial en el Banco Central y se pagaron por ellas los tributos correspondientes?

Llama también la atención el escaso interés que jueces y fiscales de la Argentina han mostrado en citar, solo por mencionar un nombre, a Juan Pablo Beacon, exdirector ejecutivo del Consejo de Fútbol de la AFA y uno de los dirigentes que estuvo más al tanto de los secretos de Toviggino hasta que se peleó con él, a mediados del año pasado. De la ruptura de esa relación surgió el ya célebre “pendrive” en el que Beacon habría incluido pruebas y que circula desde entonces por varias manos en el mundo del fútbol. Es cierto que el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, decidió en mayo descartar como prueba esos archivos que, dispuso, no tienen garantía de no haber sido adulterados. Pero, aún así, ¿cómo es posible que a ningún magistrado o fiscal se le haya ocurrido convocar a Beacon o al menos al monotributista que figura como dueño de la quinta, Luciano Pantano, para verificar lo que saben? ¿Acaso ninguno de los dos tiene nada para aportar en estas causas? ¿Por qué se exhibe tanta resistencia a avanzar con las pesquisas?

Las sospechas residen no solo en las demoras, sino en los conocidos vínculos entre la AFA y diversos sectores y personajes de la vida pública. Entre ellos, jueces, fiscales, camaristas y hasta el propio ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, que ocupó cargos en el mundo del fútbol propuesto por la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia. Entre ellos, el de miembro de la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA; el de representante de la Comisión de Ética de la Conmebol y el de vicerrector de la Universidad de la AFA.

El titular de la AFA pretendió incluso burlarse de todos en pleno campeonato mundial, paseándose por detrás de Lionel Messi y delante de las cámaras con una pelota, junto a su “secanucas” oficial

Esa situación dista de ser excepcional. También abarca a jueces que han entendido en las distintas causas que involucran a la entidad, como Diego Barroetaveña, integrante de la sala I de la Cámara Federal de Casación que ha aceptado días atrás la queja de Luciano Pantano y Ana Lucía Conte para que la investigación sobre la fastuosa casa de Villa Rosa quede en el juzgado de Campana, tal como piden los imputados.

Entretanto, algunos personajes involucrados en esta trama, como el propio Tapia, aspiran a refugiarse en los éxitos de la selección subcampeona del mundo para zafar de las causas en su contra, y hasta se burló de todos en pleno campeonato mundial, paseándose por detrás de Lionel Messi y delante de las cámaras con una pelota con su “secanucas” oficial.

Lejos por ahora de ser contagioso, el interés que han mostrado los fiscales norteamericanos permite al menos cierto optimismo respecto de lo que pase en adelante en la Argentina: acaso jueces, fiscales y camaristas, incomodados por la diferencia de velocidades entre una jurisdicción y la otra, decidan hacer su trabajo. Sobran las pruebas y los testigos con ganas de contar lo que saben.